Mensaje presidencial: la cuenta pública de las cinco crisis

La próxima cuenta pública del Gobierno –cuando quiera que se haga y en el formato que finalmente se realice­­– será sin duda una de las de mayor complejidad que haya enfrentado alguna vez un presidente de este país. No tendrá, de partida, ninguna relación con la del 1º de junio del 2019, cuando las revueltas de octubre no eran siquiera una sospecha y menos la explosión de la pandemia y el frenazo del mundo.

Hace un año, cuando Sebastián Piñera rindió cuentas ante el Congreso, hizo un discurso que no dio para nada vuelta el tablero político y donde, sobre todo, se destacó su proyecto de disminuir el número tanto de diputados como de senadores, en un momento de especial dificultad de relación con la oposición. Al revisar los archivos sobre el mensaje presidencial de 2019, pareciera que Chile vivía en una galaxia totalmente diferente a la actual, donde los problemas eran sobre todo de índole político. El mandatario en esa ocasión abrió las cartas sobre el crecimiento –entre 3% y 3,5%, indicó, lo que en este escenario actual parece brutalmente bueno–, mientras se le criticaba no solo porque el progreso no llegaba del todo a los bolsillos, sino porque la promesa del orden y la seguridad se estaba volviendo una ilusión.

Pero el escenario cambió en 180 grados desde entonces y actualmente –como ha reconocido el propio Presidente Piñera– son varias las crisis simultáneas a las que debe hacer frente el Gobierno y toda la institucionalidad. En su cuenta pública, cuando se haga, el jefe de Estado deberá hacerse cargo de una agenda marcada por la pandemia, las consecuencias de las revueltas de octubre, los efectos económicos internacionales por el virus, la crisis social que se producirá luego de la sanitaria y de la feroz sequía, porque 2020 sería el décimo año con falta de agua (lo que tiene directa relación con los alimentos). Habrá poco espacio para las grandes sorpresas, porque los anuncios son actualmente del día a día y no resisten ninguna espera.

Cuando el Presidente le hable al Poder Legislativo y a la Nación, por lo tanto, tendría que apuntar sobre todo a una descripción de la situación y de lo que viene en adelante, que recién la gente está empezando a comprender: serán días y meses muy negros.

Hasta antes de que la fecha de la cuenta pública se pusiera en duda y se comenzaran a llegar a acuerdos sobre su aplazamiento, el discurso ante el Congreso parecía una buena ocasión para que Piñera se refiriera a un acuerdo nacional, la empresa que impulsan José Miguel Insulza (PS) y Mario Desbordes (RN) a través de un documento conjunto donde proponen tres acuerdos para la crisis sanitaria y 12 compromisos para una vez superada la pandemia.

Aunque el texto que proponen parece no haber fracasado del todo pese a lo vociferantes de sus autores –este tipo de cruzadas requiere algún grado mínimo de discreción y prudencia, a la antigua–, la cuenta pública podría configurarse como el momento para avanzar hacia un pacto social que ratifique, por ejemplo, el compromiso del gobierno con el plebiscito sobre una nueva Constitución, a cambio de paz social y estabilidad para el período electoral que viene. Es una propuesta con un piso débil –ni Insulza representa a la oposición ni Desbordes al gobierno–, pero podría configurarse como una salida a las complejidades sin precedentes del momento.

Aunque el propio Presidente cada vez que puede recuerda a Patricio Aylwin y parece añorar la política de los acuerdos de los años 90, no parece claro, sin embargo, que el guante vaya a recogerse en La Moneda. Existe una pregunta válida: ¿por qué esta vez rendiría frutos? La crítica situación que vivió el gobierno a partir del 18 de octubre pasado obligó al Ejecutivo a ceder poder. Los acuerdos asumidos, en ocasiones a contrapelo del gobierno y empujados por sus parlamentarios, llegaron a un punto en que se llegó a debatir si en la práctica se estaba frente al fin del sistema presidencialista, ya que el poder se trasladó al Congreso en Valparaíso.

El pacto político-social de fines de 2019 derivó en el acuerdo constitucional, algo que dolió profundamente en los sectores duros de la centroderecha, al punto que erosionó con fuerza la base de apoyo del gobierno de Piñera. Entre otras cosas, este punto explicaría el fatídico 6% de la encuesta CEP.

Este asunto no se pasa por alto en el oficialismo, sobre todo considerando que el anuncio constitucional del 15 de noviembre no terminó con la violencia en las calles. ¿Qué garantiza, entonces, que un nuevo pacto social evitará que la gente vuelva a salir a protestar y a pedir la destitución del Presidente?, se preguntan algunos sectores de Chile Vamos, donde se sospecha de la orquestación de las manifestaciones de esta semana que arrancaron en El Bosque, que retoman el espíritu de octubre.

Sea como fuere, la opción de que la cuenta pública no se realice el 1º de junio le viene bien a Piñera, en un ambiente político que nuevamente se vuelve a polarizar y donde sus intervenciones públicas parecen enredar y no precisamente ayudar. Una cuenta pública en la peor etapa de la pandemia es, simplemente, un gran riesgo.

¿Podría dar certezas de algo? Difícil.

¿Podría referirse a un plan de regreso a clases? Una quimera y un suicidio, porque el rechazo al retorno presencial es prácticamente unánime.

¿Podría anunciar un plan de reactivación económica? Ya se vio cómo le pegó fuerte al gobierno el haber hablado de "retorno seguro" o "nueva normalidad".

En un mar de incertidumbre, uno de los únicos asuntos que parecerían aconsejables para la próxima cuenta pública del Presidente Piñera –cuando quiera que se haga y en el formato que finalmente se realice­­–, será el tono. En la cadena nacional del domingo, casi lo único que rescató la oposición fue que se vio al Jefe de Estado con mayor humildad.